Vallenar, aproximadamente 1000 son las personas que acuden al llamado de la ANEF para la marcha y paro que se realizo el dia 24 de noviembre del presente año. A éste, no solo acuden funcionarios publicos, sino que tambien personal de entidades que solidarizan y se adhieren al llamado de la Asociacion Nacional de Empleados Fiscales.
INFORMACIONES Y NOTICIAS LABORALES DE LA PROVINCIA DEL HUASCO. cut.provhuasco@gmail.com; Teléfono: +56 51 2672173
lunes, 29 de noviembre de 2010
viernes, 26 de noviembre de 2010
ALTO DEL CARMEN MARCA DIFERENCIA EN LA MARCHA DEL 24 DE NOVIEMBRE
Los funcionarios públicos de la comuna del Alto del Carmen, por primera vez y marcando un hecho histórico, se adhieren a las movilizaciones convocadas por ANEF el dia 24 de noviembre pasado en donde 120 funcionarios recorrieron las calles de la localidad.
Cabe destacar que Alto del Carmen se encuentra ubicada a 45 kms. de la ciudad de Vallenar y su población es de aproximadamente 3000 habitantes.
martes, 23 de noviembre de 2010
ACTA REUNION CUT-ANEF
El día 22 de noviembre del año 2010 a las 18:00 horas el Colegio de Profesores se realiza una reunión para se analizan los aspectos positivos y e la movilización y paro nacional el dia 24 de noviembre de 2010 en la que se acordó lo siguiente:
MARTES 23 10:00 ENTREVISTA RADIO CARNAVAL.
MARTES 23 12:00 ENTREVISTA RADIO XQA5
MIERCOLES 24 08:00 INSTALACION DE AFICHES EN DEPENDENCIAS
MIERCOLES 24 10:00 REUNION AMPLIADA COLEGIO DE PROFESORES
MIERCOLES 24 11:30 MARCHA VALLENAR
MIERCOLES 24 11:30 MARCHA EMPLEADOS PUBLICOS COMUNA ALTO DEL CARMEN
MIERCOLES 24 18:00 REUNION BALANCE DE PARO Y MARCHA
jueves, 18 de noviembre de 2010
Barrick Gold: Muere trabajador en manifestación por demandas laborales en República Dominicana
Un trabajador murió y al menos otros 14 quedaron heridos -es el saldo conocido hasta ahora-, tras el enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas del orden que entraron a sacarlos de la mina. Los mineros reclamaban reivindicaciones laborales y los policías “restablecieron el orden” con la venia de la multinacional.
La constante transgresión del acuerdo entre los trabajadores y la empresa en el proyecto Pueblo Viejo, de la transnacional Barrick Gold Corporation, fue el motivo principal de la disputa que se detonó en una acción policial de la Policía Nacional Dominicana para “controlar” una manifestación de los obreros y desató el repudio de los manifestantes.
Según afirma el medio electrónico Z101 digital.com, un ex trabajador de la mina, Tony Rojas, llamó al programa radial de la emisora Z103.3 y aseveró que el muerto sería un trabajador de nacionalidad peruana que habría sido muerto quemado dentro del vehículo que conducía.
El mismo Rojas asegura que la tragedia se debe a que la dirección de la minera violó el acuerdo al que habían llegado con los empleados, luego de una mediación del Ministerio de Trabajo. “No quieren pagar el dinero que nos toca y por eso es que corre la sangre”, dice.
“Hasta que no mate cien personas, la Barrick no estará tranquila, porque es que ellos no quieren saber de sindicatos”, consideró Rojas, quien llamó desde el lugar de los hechos.
El medio de prensa agrega, además, hace poco más de un mes, que obreros de la empresa minera se sublevaron por las precarias condiciones laborales, además de que la administración de la multinacional no pretendía pagarle un dinero que ellos exigían.
“RECHAZAMOS TODA ACCIÓN QUE ATENTE CONTRA LA VIDA DE LAS PERSONAS y CONTRA EL MARCO LEGAL”
En tanto, como se aprecia en el sitio web domincano, elcaribe.com, Fernando Sánchez Albavera, director ejecutivo de Barrick Pueblo Viejo, manifestó la preocupacion de la empresa por la seguridad de sus empleados, “por lo que todo el personal del proyecto minero fue evacuado oportunamente”, sostuvo.
El representante de Barrick Gold añadió: “Rechazamos categóricamente cualquier tipo de acciones que pongan en peligro la integridad de las personas y que atenten directamente contra el marco legal y el respeto a los demás”.
lunes, 8 de noviembre de 2010
Las acciones de la Ministra Merino en FASA
La necesidad de que las principales autoridades políticas del país presenten una declaración de intereses fue instaurada el año 2005 por la Ley 20.088, para que los ciudadanos podamos conocer cuáles son sus potenciales conflictos de interés, lo que está íntimamente ligado a las responsabilidades y funciones de cada cargo.
En ese sentido, resulta sorprendente descubrir que la actual ministra del Trabajo, Camila Merino, es propietaria de acciones de Farmacias Ahumada avaluadas en $21 millones de pesos (ver página 7 declaración de intereses). En medio de una prolongada y compleja huelga de los trabajadores de la empresa, que se depuso el sábado pasado, y en la que se ha denunciado incluso la existencia de sueldos base inferiores al mínimo, cuando desde 2008 existe una ley que explícitamente apuntaba a regular estos excesos, la imparcialidad de una autoridad pública relacionada directamente con esta materia queda en entredicho.
¿Puede una ministra, a la que los diputados han denunciado las irregularidades –siguiendo el conducto regular- ser imparcial si es accionista de la empresa denunciada?
Primero, porque la institucionalidad que ella representa –el Ministerio del Trabajo y, sobretodo, la Dirección del Trabajo- juegan un rol crucial en la intermediación y búsqueda de soluciones en conflictos laborales. Él o la Ministro/a del Trabajo ha jugado un rol tradicional en Chile de acercar posiciones en estos casos. Recuérdese, por ejemplo, la intermediación del ministro Osvaldo Andrade para resolver la huelga de hambre de las dirigentes sindicales de Falabella Pro hace algunos años o el conflicto forestal en Curanilahue en que fue abatido el operario forestal Rodrigo Cisternas.
¿Puede una ministra, a la que los diputados han denunciado las irregularidades –siguiendo el conducto regular- ser imparcial si es accionista de la empresa denunciada?
Segundo, porque este caso ilustra de forma clara como no sólo existen conflictos de interés evidentes al comenzar a ocupar un cargo público, sino que en el desempeño del mismo aparecen otros que permanecían latentes. La Ministra no podía prever en marzo de este año que Farmacias Ahumada tendría una huelga, pero sí que su función pública incluye decisiones que podrían afectar esos intereses. En nuestra ética pública debiera bastar con esa posibilidad para que las autoridades decidan entre su interés público o su interés privado. Así como un ministro de Educación no puede tener intereses en colegios o un ministro de Salud en clínicas, resulta del todo lógico que la Ministra del Trabajo no tenga intereses en empresas.
Por último, que nadie llame a escándalo. En años anteriores también observamos diferentes casos de autoridades que, en medio del ejercicio de sus cargos se veían involucrados en conflictos de intereses en los que no siempre era su propia responsabilidad (como el recordado caso del hijo del ex Ministro de Educación Sergio Bitar, que no había cancelado un crédito público para sus estudios de postgrado). Por eso, lo que el país requiere es avanzar hacia una mayor transparencia, regulación y sanción de los conflictos de intereses, así como minimizar las potenciales presiones indebidas a las autoridades.
En ese sentido, resulta sorprendente descubrir que la actual ministra del Trabajo, Camila Merino, es propietaria de acciones de Farmacias Ahumada avaluadas en $21 millones de pesos (ver página 7 declaración de intereses). En medio de una prolongada y compleja huelga de los trabajadores de la empresa, que se depuso el sábado pasado, y en la que se ha denunciado incluso la existencia de sueldos base inferiores al mínimo, cuando desde 2008 existe una ley que explícitamente apuntaba a regular estos excesos, la imparcialidad de una autoridad pública relacionada directamente con esta materia queda en entredicho.
¿Puede una ministra, a la que los diputados han denunciado las irregularidades –siguiendo el conducto regular- ser imparcial si es accionista de la empresa denunciada?
Primero, porque la institucionalidad que ella representa –el Ministerio del Trabajo y, sobretodo, la Dirección del Trabajo- juegan un rol crucial en la intermediación y búsqueda de soluciones en conflictos laborales. Él o la Ministro/a del Trabajo ha jugado un rol tradicional en Chile de acercar posiciones en estos casos. Recuérdese, por ejemplo, la intermediación del ministro Osvaldo Andrade para resolver la huelga de hambre de las dirigentes sindicales de Falabella Pro hace algunos años o el conflicto forestal en Curanilahue en que fue abatido el operario forestal Rodrigo Cisternas.
¿Puede una ministra, a la que los diputados han denunciado las irregularidades –siguiendo el conducto regular- ser imparcial si es accionista de la empresa denunciada?
Segundo, porque este caso ilustra de forma clara como no sólo existen conflictos de interés evidentes al comenzar a ocupar un cargo público, sino que en el desempeño del mismo aparecen otros que permanecían latentes. La Ministra no podía prever en marzo de este año que Farmacias Ahumada tendría una huelga, pero sí que su función pública incluye decisiones que podrían afectar esos intereses. En nuestra ética pública debiera bastar con esa posibilidad para que las autoridades decidan entre su interés público o su interés privado. Así como un ministro de Educación no puede tener intereses en colegios o un ministro de Salud en clínicas, resulta del todo lógico que la Ministra del Trabajo no tenga intereses en empresas.
Por último, que nadie llame a escándalo. En años anteriores también observamos diferentes casos de autoridades que, en medio del ejercicio de sus cargos se veían involucrados en conflictos de intereses en los que no siempre era su propia responsabilidad (como el recordado caso del hijo del ex Ministro de Educación Sergio Bitar, que no había cancelado un crédito público para sus estudios de postgrado). Por eso, lo que el país requiere es avanzar hacia una mayor transparencia, regulación y sanción de los conflictos de intereses, así como minimizar las potenciales presiones indebidas a las autoridades.
jueves, 4 de noviembre de 2010
Carta de sindicato apunta a que autoridades conocían mal estado de mina San José
Misiva fue dirigida al ex director regional de Sernageomin antes del derrumbe
Si bien Rodolfo Díaz Godoy no la mencionó cuando declaró ante la Comisión Investigadora del derrumbe, existe y hace referencia a una reunión sostenida con la autoridad en julio, tras el accidente sufrido por el minero Gino Cortés. El documento podría dar sentido a las polémicas declaraciones de Camila Merino, cuando admitió que el gobierno tenía “indicios” de problemas de seguridad.
“Nosotros teníamos indicios de problemas de seguridad y debiéramos haber actuado con anticipación, y, por eso, es importante que todas las medidas que ahora vamos a proponer tomen en cuenta esto, de manera que no tengamos estos accidentes en el futuro”, fue la frase certera pero políticamente desafortunada con que la ministra del Trabajo, Camila Merino, hacía un reconocimiento explícito de que el gobierno conocía las deficiencias con que se trabajaba en la Mina San José, aún antes del accidente que sepultó por casi 70 días a un grupo de mineros. Incluso algunos leyeron los dichos de la secretaria de Estado como una especie de mea culpa, aunque luego de la avalancha de críticas que le sobrevino, ella misma se desdijo. Sin embargo, existen evidencias acerca de que sus palabras no estarían tan lejos de la realidad.
Así queda de manifiesto en una carta enviada al entonces director de Sernageomin de la Tercera Región, Rodolfo Díaz Godoy, fechada en Copiapó al 14 de julio del presente año, y a la que tuvo acceso El Mostrador. La misiva suscrita por los máximos representantes del Sindicato N° 2 de la Compañía Minera San Esteban, pretende agradecer la buena acogida de la autoridad a los trabajadores en una reunión previa, del 12 de julio, en que participaron en conjunto con los representantes de la empresa y de la Secretaría regional Ministerial de Salud.
Godoy, quien ya declaró ante la comisión investigadora del derrumbe, reconoce tal reunión. No obstante, asegura que en ella no se abordaron temas relativos a la seguridad -o más bien carencia de ella- con que se laboraba en la mina. Aún cuando en la cita sí se abordó el accidente sufrido sólo el día anterior por el minero Gino Cortés y en el que perdió una pierna.
De hecho, en la declaración ante la instancia fiscalizadora, en la página 16 del power point que presentó, Godoy sostiene que “con respecto al accidente del pasado 05 de Agosto, que mantuvo atrapados a 33 trabajadores, puedo señalar que no tuve conocimiento ni denuncias durante mi ejercicio en el cargo, que indicaran que existían situaciones que representaran o se relacionaran con el evento en cuestión de tal gravedad. Ni en reuniones internas, ni informes que estuvieran a la vista, ni en reuniones con el Seremi de Minería (casi semanal en los últimos dos meses) o con un ingeniero de la Seremia de Salud que nos reunimos en una oportunidad en mi oficina para tratar otros temas, ni en los encuentros que sostuvimos con la gerencia de la ACHS, ni en la del 12 de julio donde participaron personeros del servicio, de la empresa y representantes de los trabajadores. Ningún tipo de información que presentara condiciones graves que pudieran dar un atisbo de lo que ocurriría el 05 de agosto”.
La particularidad de la misiva es que no sólo no fue mencionada por Díaz Godoy durante su exposición ante la comisión investigadora, sino que cuenta con el timbre de recepción el 15 de julio del 2010, por la entidad a la cual iba dirigida y aún así todo indica que su contenido no fue considerado en su momento.
Entre los antecedentes, de disposición pública en la página de la Cámara, que la comisión apunta haber recibido de parte de Godoy, figura el power point, pero este no menciona la carta enviada por los trabajadores tras la mencionada cita. La misiva no sólo agradece la acogida de la autoridad, sino también el haber efectuado un análisis técnico del Decreto 72 –relativo a la seguridad en las faenas mineras-, artículo 60, en relación a la seguridad en el transporte de explosivos en dichas labores.
El último párrafo de la carta es claro en cuanto al problema de seguridad. Allí, los firmantes plantean que la reunión “da cuenta de un método novedoso de incorporar a los trabajadores a las discusiones técnicas, que tienen directa relación con el quehacer laboral de los trabajadores afiliados a nuestra organización y tal cual se lo manifestamos al ministro de Minería el pasado 01 de julio del 2010, la generación de empleo en el sector minero no puede ser a cualquier costo y mucho menos poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores mineros y para ello el Sernageomin cumple un rol de primer orden”.
La satisfacción de los trabajadores se debía, según explica una fuente, a que también se dejó de manifiesto ante la autoridad la inseguridad que presentaba la mina. Lo que también recoge la misiva en una segunda página. Allí se establecen cronológicamente los problemas de seguridad a los que se han visto enfrentados los mineros de la San José durante enero y junio del 2010. Y se especifican problemas tales como intoxicación por gases y caídas de roca.
La particularidad de la misiva es que no sólo no fue mencionada por Díaz Godoy durante su exposición ante la comisión investigadora, sino que cuenta con el timbre de recepción el 15 de julio del 2010, por la entidad a la cual iba dirigida y aún así todo indica que su contenido no fue considerado en su momento. Pero también podría constituir una señal de que las autoridades correspondientes sí estaban en conocimiento del riesgo que significaba mantener abierta la Mina San José. Por lo pronto, el mencionado titular de Minería en la misiva fue uno de los primeros en quitarle el piso a su par Trabajo cuando ella hizo el incómodo reconocimiento.
Tras las palabras de Merino, que tanto escozor causaron en el gobierno al punto que ella debió salir a desdecirse rápidamente, Lawrence Golborne se limitó a señalar que “si algún otro funcionario público tuvo alguna información y no actuó en consecuencia, deberá responder ante las instancias que están investigando esta situación”. Con ello, el ministro más popular del gabinete de Piñera, no sólo le quitó el piso a la titular de Trabajo, sino que se lavó las manos respecto al tema. Más aún cuando se espera que la próxima semana la cuestionada ministra asista a la comisión investigadora, que continúa su labor.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/
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