Directiva Cut Provincial Huasco

PRESIDENTE : HUGO PAEZ SUAREZ --- SECRETARÍA GENERAL : NADIA SALDAÑO CARRASCO --- TESORERA : NÉLIDA CUADRA ORDENES --- DPTO. MUJER Y CONFLICTOS : INÉS TAPIA TAMBLAY

lunes, 11 de mayo de 2015

Huelga total en el Puerto de Huasco


Según informó la Unión Portuaria a través de un comunicado, los tres sitios del dicho terminal marítimo de Huasco se encuentran frenados en sus faenas, de esta forma las exportaciones de hierro y descargas de carbón están detenidas por completo.
A las 00.00 horas de este viernes 8 de mayo, el Sindicato N°1 de Trabajadores de la Empresa Ultraport del Puerto de Huasco inició una huelga al no llegar a acuerdo con la empresa respecto de una serie de mejoras laborales según informó el sitio Portal Portuario.
Del mismo modo el Sindicato Único de Trabajadores Eventuales del Puerto de Huasco inició un proceso de paro solidario en apoyo de sus pares de la organización sindical en conflicto.
Además, según informó la Unión Portuaria a través de un comunicado, los tres sitios del dicho terminal marítimo de Huasco se encuentran frenados en sus faenas, de esta forma las exportaciones de hierro y descargas de carbón están detenidas por completo.
La Unión Portuaria señaló también que “los trabajadores contratados, apoyados por todo el sindicato de trabajadores eventuales, se encuentran tomando el camino para evitar la entrada de rompe huelgas que es lo tradicional que las empresas chilenas realizan en estas situaciones, no respetando los acuerdos de la OIT 87 y 98 ratificados por el Senado de la República el año 1999, pero de todas formas el Estado de Chile envía a carabineros a reprimir el derecho universal a huelga”.

Fuente: http://www.enfoquedigital.cl/
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lunes, 4 de mayo de 2015

Conmemoracion 1° de Mayo



Con una sencilla ceremonia la CUT Provincial Huasco conmemora el 1° de mayo, Día del Trabajador.
Esto dada las circunstancias que se vivieron en nuestra Región de Atacama con el desastre a finales de marzo y que por lo cual se decidió respetar a todos aquellas trabajadoras y trabajadores de la zona que han sufrido esta calamidad.
A la ceremonia, dirigida por el presidente de la CUT Provincial Hugo Páez Suárez, donde los temas principales fueron, Reforma Laboral, Nuevo Sistema Previsional, Educación Gratuita y de Calidad, Fortalecimiento de la Salud Publica y Nueva Constitución ,realizada en el Salón Auditorio de la I. Municipalidad de Vallenar asistieron el Alcalde de la comuna señor Cristian Tapia Ramos, Dirigentes de la CUT Provincial, algunos dirigentes tanto del sector público como priado e invitados, a los cuales se les extiende nuestro profundo agradecimiento.

SECRETARIO GENERAL: MAURICIO RUBIO RIVERA

 WILLIAMS GATICA: EL CHARRO

PRESIDENTE: HUGO PAEZ SUAREZ



miércoles, 29 de abril de 2015

CONVOCATORIA 1° DE MAYO

La Central Unitaria de Trabajadores y su directivo en la provincia de Huasco, convoca a todas las trabajadoras y trabajadores, a organizarse, congregar y ocupar todos los espacios sociales posibles, con el fin de conmemorar el día del trabajador este 1 de mayo.

Esta conmemoración se ubica en medio de un contexto de crisis de la institucionalidad política neoliberal, sistema que la CUT se ha propuesto derrotar y superar. Nos articularemos luchando por una reforma laboral que rompa la lógica del plan laboral de Piñera.

A su vez proponemos:

 Un nuevo sistema previsional que otorgue pensiones dignas.
 Una educación gratuita, de calidad y sin lucro.
 Fortalecimiento de la Salud Pública.
 Una Nueva Constitución que democratice nuestro país.

Hacemos un llamado a los trabajadores, a las organizaciones afiliadas, Sindicatos, Federaciones, Confederaciones, Asociaciones y a la ciudadanía a participar junto a la central, en una asamblea de conmemoración, con el propósito de generar un espacio de convergencia social y política, que apunte a superar la crisis del momento y que empuje los cambios que Chile, el Pueblo y sus trabajadores necesitan. Nuestro encuentro se desarrollará el día viernes 1 de mayo a las 10:30 hrs. en el salón auditorio de la ilustre municipalidad de Vallenar.


Reforma Laboral y una Nueva Constitución
Más democracia, un mejor Chile

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
DIRECTORIO PROVINCIAL HUASCO

Empleados a honorarios inician ofensiva para traspasos a planta tras fallo de la Suprema

Más que la presentación de demandas en tribunales, la estrategia preliminar del gremio apunta a negociar con el gobierno una nueva política de contratación, y por eso buscarán constituir también una mesa de trabajo con Hacienda.
  • 170 mil es la estimación de funcionarios a honorarios en las municipalidades.
    "Tiembla el Estado". Esa fue la reacción de varios dirigentes sindicales luego de digerir el dictamen del pasado 1 de abril de la Corte Suprema, que determinó que una persona que trabajó a honorarios durante cuatro años para la Municipalidad de Santiago y fue despedida, tuvo una relación laboral con esa alcaldía y, por tanto, se le debía pagar todo lo que se le adeudaba como si hubiera estado contratada.

    Así, la cuarta sala del máximo tribunal reconoció una relación laboral entre este trabajador y el municipio, al alero del Código Laboral. También sentó jurisprudencia en una materia que podría tener al alto impacto fiscal, porque serviría como argumento para que todos los empleados que cumplen tareas permanentes y boletean en los servicios públicos y municipalidades reclamaran beneficios.

    "El fallo lo vemos como un verdadero avance. Nos sorprende mucho porque anteriormente la unificación de jurisprudencia había sido a favor del Estado, entonces aún no sabemos si esto va a ser un nuevo lineamiento o algo pasajero. Llama la atención y es un aliciente para la lucha de nuestra causa justa", dice Pablo Tapia, vocero de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Sector Público, entidad gremial que nació recién en diciembre de 2014 y que señaló hoy agrupa a más de 100 mil personas a nivel país.

    El dirigente explicó que el nuevo referente sindical agrupa a empleados del sector centralizado y descentralizado de la administración pública. Su objetivo es la creación de una nueva política de contratación de trabajadores a honorarios del Estado, reconociéndoles el estatus de funcionarios públicos.

    Actualmente, el gremio tiene instalada una mesa de negociación con el Ministerio del Trabajo, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, para acordar una nueva gradualidad en los plazos de cotización obligatoria de los independientes a las AFP.

    Tapia adelanta que hoy en la tarde se reúnen con el subsecretario Marcos Barraza, donde además del tema previsional plantearan la revisión de la contratación de los honorarios en el sector estatal.

    "A priori nuestra idea principal es sentarnos con la autoridad a negociar, el fallo es una llamada de alerta para el gobierno y nosotros estamos dispuestos a ampliar las mesas de trabajo que hemos tenido", dijo Tapia.

    Añadió que "lo fundamental es que el gobierno instaure una mesa de trabajo formal, estable, en la cual proyectemos el cambio contractual, las medidas de traspaso y que los que sigan siendo honorarios tengan derechos y no sigan precarizados. Hay gente que lleva 20 años de servicio en esta calidad. Estamos esperando la reacción, que sinceramente ha sido bastante lenta por parte de Hacienda".

    En ese plano, el dirigente señaló que ya solicitaron una reunión con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, para abordar la situación de los honorarios, pero aún no han tenido respuesta. También informó que el 16 de mayo tendrán un congreso nacional para ver con las bases "si vamos a volver a salir a la calle o si presentaremos una demanda masiva contra el Estado".
    Honorarios en cifras

    En el último informe sobre estadísticas de recursos humanos del sector público de la Direccción de Presupuestos, se informó que en el gobierno central (ministerios y servicios) existen 36.850 trabajadores a honorarios, de los cuales el 24% cumple labores calificadas como permanentes.

    El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, señaló que este año 1.480 trabajadores a honorarios pasarán a planta, y en los próximos tres años existe el compromiso de Hacienda de pasar a 8.800 más a contrata en la administración central.

    "El fallo de la Suprema da un espaldarazo a nuestras demandas, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor para que no exista más informalidad", dijo De la Puente.

    En las muncipalidades no hay cifras oficiales, pero de acuerdo a las estimaciones el número de funcionarios a honorarios superaría los 170 mil. La cifra englobaría tanto a aquellos que cumplen labores permanentes y exclusivas como a los que prestan servicios bajo régimen civil.
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Cerca de 300 personas en movilización no autorizada de asistentes de la educación en Vallenar

DSC06376Una manifestación no autorizada que reunió a cerca de 300 personas pertenecientes a la agrupación de funcionarios asistentes de la educación de las comunas de Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, se llevó a efecto este miércoles, por las principales calles de la ciudad, recorrido que llevó a los dirigentes hasta las dependencias de la gobernación provincial del Huasco, lugar en el cual procedieron hacer entrega de una carta para el gobierno en el cual manifestaban sus principales demandas.
Nadia Saldaño, presidenta de la entidad gremial señaló, “Frente a la convocatoria que hiciera el consejo nacional de los asistentes de la educación, nosotros no podíamos ser la excepción, tenemos que estar en la calle hoy día gritándole fuerte al gobierno que repudiamos en su forma y en su fondo la manera como hemos sido desligados del proyecto que está próximo a ingresar al parlamento y que tiene que ver con la desmunicipalización, donde prácticamente no estamos siendo considerados”.
“Nuestro anhelo de muchos años es contar con una normativa que rija nuestras funciones tanto a nivel comunal como a nivel nacional, tener una carrera funcionaria y hoy día se nos dice que no, se nos dice que vamos a seguir trabajando por código laboral, viene una nueva reforma, de gran envergadura por tanto hoy es el momento para los cambios que se requieren”.
En tanto Hugo Páez, presidente de la CUT provincial, quien acompañó la manifestación, expresó “Hemos decidido entregar un apoyo irrestricto a la manifestación puesto que representa una demanda justa, una demanda necesaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la carrera funcionaria, la que pretendemos sea analizada positivamente antes de pasar al tema de la desmunicipalización de la educación, pues necesitamos respaldar, proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de este importante de la educación, no sabemos bien como viene este tema , y a lo mejor va a dejar a muchos trabajadores fuera del sistema, por tanto tenemos que proteger a nuestros trabajadores en todo esto”.

La marcha que no contaba con la autorización legal para su desarrollo, debido al estado de excepción en la que se encuentra la región de Atacama, a raíz de la catástrofe que aun afecta a un sector importante de la comunidad regional, se llevó a efecto sin mayores problemas y concluyó con la entrega de un documento con las principales demandas del sector, el cual fue entregado en el gabinete de la gobernación provincial.


Fuente: http://portalweb.vallenardigital.cl/

miércoles, 8 de abril de 2015

Tiembla el estado: Corte Suprema reconoce relación laboral a trabajador contratado “a honorarios”

“…se uniforma la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la especie, una Municipalidad, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece –para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.” 
Durante años la Corte Suprema rechazó demandas por despido injustificado y nulidad de despido contra servicios públicos y municipalidades fundado en que todas las contrataciones a honorarios se regulaban únicamente por las normas del respectivo Estatuto (Municipal, Administrativo), siendo inaplicables las normas del Código del Trabajo, dejando en un verdadero desamparo jurídico a miles de personas. Los empleos más precarios del estado. Con ello la Corte Suprema validaba el evidente fraude a la ley que significaba contratar personas “a honorarios” para realizar labores permanentes, en circunstancias que los estatutos públicos solo lo autorizan para labores específicas y transitorias.
Sin embargo, en sentencia de unificación de jurisprudencia de 1 de abril de 2015 (Rol N° 11.584-2014) la Corte Suprema acaba de cambiar el criterio: cuestiona la legalidad de una contratación a honorarios de la municipalidad de Santiago que se extendió por 4 años en servicios no transitorios, declarando existencia de relación laboral en los términos del Código del Trabajo y obligando al pago de las prestaciones laborales y de seguridad social (indemnizaciones por término de contrato, feriados y cotizaciones de seguridad social y previsionales).
A juicio de la Corte, no es posible afirmar que el trabajador en cuestión se encuentre sometida a un estatuto especial, “sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que esa normativa establece –planta, contrata, suplente-”, ya que no se cumplen los supuestos del artículo 4 de la Ley 18.883 (Estatuto Municipal), norma que permite estas contrataciones en casos específicos (labores accidentales y no habituales, extranjeros con especialidad, cometidos específicos).
Sin duda esta es una de las sentencias más importantes que la Corte Suprema haya dictado en años. Pone en cuestionamiento todas las contrataciones a honorarios para servicios permanentes en municipalidades pero también en otros servicios públicos (argumentos son igualmente aplicables), los expone a miles de procesos judiciales con consecuencias eventualmente ruinosas pero ante todo constituye un fuerte llamado a terminar con la precarización laboral en el sector público. No en vano la Corte afirma en el fallo que “no es dable admitir la informalidad laboral y suponer que por tratarse de un órgano del Estado, que debe someterse al principio de la juridicidad, recogido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, puede invocar esa legalidad para propiciar dicha precariedad e informalidad laboral, la que por lo demás se encuentra proscrita en un Estado de Derecho”.
Sea esta sentencia un reconocimiento a las decenas de trabajadores a honorarios despedidos que se atrevieron a demandar, a los abogados que -sobre todo en el procedimiento antiguo- sostuvieron litigios largos con relativo éxito hasta que la Corte Suprema resolviera como siempre (con impunidad estatal) y a los pocos jueces que se atrevieron a desafiar a sus superiores jerárquicos. Pero no se olvide también que esta sentencia fue posible gracias al reciente cambio de composición  de la Sala Laboral de la Corte Suprema, fallando a favor los Ministros Titulares Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevecich, Andrea Muñoz, y el abogado integrante Jorge Lagos. Solo el abogado integrante Alfredo Prieto votó en contra.
Otra consecuencia jurídica: tutela laboral
Recordemos que el año pasado la nueva Sala Laboral de la Corte Suprema resolvió que el procedimiento de tutela laboral es aplicable a los funcionarios públicos y por consiguiente los jueces laborales tienen competencia para conocer de los juicios sobre vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, los alcances de la jurisprudencia asentada no alcanzaban a trabajadores a honorarios ya que técnicamente no se les reconoce la calidad de “empleados públicos”. Si bien el reciente fallo de 1 de abril no otorga a los trabajadores a honorarios la calidad de “funcionarios”, igualmente el procedimiento de tutela podría ser aplicable a todos aquellos a quienes eventualmente se reconozca relación laboral.

Fuente: http://www.prosindical.cl

lunes, 2 de marzo de 2015

Reforma laboral: Sofofa propone eliminar indemnización por años de servicio

"Nos parece una canallada", reaccionaron de inmediato desde la CUT.
En la DC no le ven "mucha viabilidad" al planteamiento.

Esta tarde se retoma en el Congreso la discusión de la reforma laboral presentada por el Gobierno, y en la antesala una propuesta ya desata la polémica entre los actores convocados al diálogo.
La Sofofa es presidida por Hermann Von Mühlenbrock. La Moneda llama a "no adelantarse" en el debate.La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), presidida por Hermann Von Mühlenbrock, propondrá eliminar indemnización por años de servicio, argumentando que dicha medida favorecerá el empleo y salarios, pues reducirá los costos asociados a la contratación de un trabajador.
El planteamiento generó un inmediato rechazo en la CUT, cuyos dirigentes se verán las caras durante esta jornada con representantes de la propia Sofofa, la Cámara Nacional de Comercio, las pymes, los trabajadores del comercio y los economistas Felipe Larraín y Andrea Repetto.
"En la actualidad tenemos condiciones laborales pobres, que protegen poco a los trabajadores. Reducir aún más las indemnizaciones a nosotros nos parece una canallada por parte de la Sofofa", dijo Nolberto Díaz, vicepresidente de la multisindical.
El dirigente señaló creer que la propuesta de los industriales "no va a tener respaldo, porque en Chile las leyes laborales son precarias, y lo que pretende la reforma laboral es mejorar esas leyes".
"No vamos a usar este proyecto (de reforma) laboral para empeorar la situación de los trabajadores. Sería un contrasentido", señaló Díaz, cuya organización será la primera en exponer, a contar de las 15:00 horas, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
"Inaceptable"
Dentro de la DC se sumaron al rechazo a la propuesta de la Sofofa, que el diputado Patricio Vallespín, miembro de la Comisión, calificó como "un retroceso".
"A mi modo de ver -y eso es compartido por toda la bancada- es inaceptable", aseveró Vallespín.
"Esta reforma no puede ser para limitar derechos ya adquiridos e históricos de los trabajadores, como es la indemnización por años de servicio", agregó.
"Me parece que (en la Sofofa) están en su derecho de proponerlo, pero no tiene mucha viabilidad ni acogida en la Comisión, al menos en los diputados de la Nueva Mayoría", agregó el parlamentario.
"No adelantarse"
La ministra de Trabajo, Javiera Blanco, evitó referirse esta mañana a los cuestionamientos que han planteado distintos actores a la agenda laboral.
"Hoy día ese espacio de diálogo se ha abierto en la sede legislativa. Nos parece que hay que esperar a escuchar ese proceso, que seguramente se va a extender hasta poco más allá de mediados de marzo", señaló.
"Yo creo que en todo ejercicio democrático es bueno, es importante, que las partes se escuchen. No nos adelantemos a lo que pase después, estamos en una fase de diálogo", sentenció Blanco.

La sesión de hoy está programada hasta las 21:00 horas y el debate en la instancia continuará mañana, contando con la asistencia de la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Evelyn Matthei.

Fuente: http://www.cooperativa.cl

martes, 17 de febrero de 2015

INMINENTE FALLO CONTRA PASCUA LAMA POR EL DAÑO IRREPARABLE A LOS GLACIARES


pascualama
El Valle del Huasco el oasis que sube desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera de Los Andes, por años ha sido la frontera natural que ha frenado el avance del desierto más árido del mundo, luego de que Copiapó sucumbiera a la desertificación por la explotación de su río.A comienzos de este siglo comenzó a ser amenazado por uno de los proyectos mineros más dañinos que el mundo conoce: la explotación de oro en Pascua Lama a manos de la minera canadiense Barrick Gold. En aquel tiempo la promesa era la misma que actualmente se utiliza para justificar la explotación de la naturaleza: progreso, empleo y desarrollo económico. Sin embargo hoy el Valle ha perdido su agua, sus cultivos, sus glaciares pero no la convicción de que se puede defender la Tierra de la mano visible de las empresas mineras.
A fines de los 90 comenzamos a oír del proyecto binacional Pascua Lama, una explotación minera en las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes que extraería oro, plata y cobre a más de 4.000 metros de altura, precisamente en el sitio donde se ubicaban los glaciares  que abastecían de agua a todo el valle.
Para Barrick los glaciares siempre fueron un problema, en los albores del proyecto ya las comunidades denunciaban que este se ubicaba sobre lo que ancestralmente llamaban como el “banco perpetuo”, glaciares milenarios que abastecían de agua la zona. Lo más absurdo es que las autoridades gubernamentales del momento, autorizaron el año 2001 el Estudio de Evaluación Ambiental con la solicitud de “reubicarlos” los glaciares Esperanza, Toro 1 y Toro 2 en otra zona tal como señaló posteriormente el  Plan de Manejo de Glaciares que la propia empresa diseñó, en el cual aseguraban que no habrían mayores problemas en sacarlos del lugar desde donde han alimentado por siempre la vida en el Huasco.
Nuevas exploraciones en la zona, llevaron a Barrick Gold a presentar el año 2004 un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, basado en un proyecto de expansión de la extracción mineral que fue aprobado el año 2006 con la condición de no remover, ni intervenir ningún glaciar, un plan de mitigación de material particulado y un  Plan de Monitoreo de Glaciares que debía verificar el estado de  los glaciares, aun cuando el desarrollo del proyecto implicó la destrucción del glaciar de roca que fue cubierto por el avance del botadero de estériles Nevada Norte.
La batalla legal contra Barrick
En octubre de 2012, cuando el Valle del Huasco ya había sufrido más de una década el daño constante e irreparable de todo su ecosistema glaciar el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) ordenó la paralización de las faenas en Pascua Lama por la contaminción que estaba provocando en la zona. Esto sirvió de impulso para que la Asamblea por el agua del Guasco Alto formada por una  convergencia de organizaciones de la zona, demandara a Barrick Gold por daños irreparables ante el Segundo Tribunal Ambiental en Santiago, exigiendo como medida compensatoria el cese inmediato de las faenas en la Cordillera de Los Andes y el cierre definitivo de Pascua Lama como única medida para salvaguardar el ecosistema que ha logrado sobrevivir a la devastación de Barrick Gold.
Esta batalla contra a Barrick ha estado acompañada por largas jornadas de protestas en Chile y en varios países bajo la consigna “El agua vale más que el oro”.
Entre las múltiples pruebas entregadas por Alvaro Toro, abogado representante de la Asamblea por el Agua, se detallan los daños que la propia empresa provocó en la etapa de exploración del proyecto dinamitando y haciendo sondajes sobre los mismos glaciares para explorar el terreno y construír los caminos, acompañado de material gráfico de los propios habitantes de la zona, testimonios de trabajadores que realizaron estas maniobras.  El listado es contundente y entre ellos están los documentos de la Dirección General de Aguas (DGA) que aseguran que el polvo emitido por la actividad minera disminuyó la masa de los glaciares; las investigaciones de académicos de Chile y Argentina que aseguran que Pascua Lama alrededor comprometió la vida de alrededor 80 glaciares.
Asamblea del Agua
Ante estas pruebas la respuesta de Barrick ha sido el comodín del cambio climático, algo así como la mano invisible de Adam Smith en la economía, que no tiene responsables ni intenciones, que en este caso abofetea al Valle y acaricia a Pascua Lama, pues el problema de los glaciares no ha sido la actividad humana si no la propia naturaleza. Un argumento fácilmente rebatible cuando la misma Barrick fue sancionada por no realizar el seguimiento de meteorológico de los glaciares.
Los alegatos finalizaron el pasado 4 de diciembre y  el fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago parece inminente, la Asamblea por el Agua del Guasco ha entregado suficientes antecedentes que hacen presagiar un triunfo en la defensa del ecosistema que da vida al Valle del Huasco.
Casi 15 años después, solo Barrick Gold y sus  pocos defensores, podrían negar los devastadores efectos que ha tenido este proyecto para el ecosistema del valle. La comunidad entera se mantiene alerta y confiada en que esta vez sí la verdad puede triunfar y el triunfo no será financiero, será el cierre definitivo de Pascua Lama y por sobre todo un triunfo de la dignidad, la organización y la Tierra.

Fuente: http://elnoticierodelhuasco.cl/

jueves, 22 de enero de 2015

El “Nuevo trato para Atacama” está a un paso de hacerse realidad

El beneficio consta de un bono de $240 mil que se pagará trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015, destinado a todos los funcionarios públicos de la III Región.

Buscando subsanar las inequidades provocadas por la asimetría de nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó, por 99 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el proyecto que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama.

La iniciativa recoge la propuesta contenida en una moción presentada por los diputados Lautaro Carmona (PC), Alberto Robles (PRSD), Daniella Cicardini (PS) y Yasna Provoste (DC), y que fue declarada inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
Respecto a la situación de Atacama, el mensaje precisa que es un caso paradigmático de inequidad. "Junto al enorme desarrollo de la gran Minería del Cobre y del retail en la región en los últimos años, las familias han visto cómo ha aumentado el costo de la canasta familiar y los arriendos, entre otros bienes y servicios".

Agrega el texto que esta desigualdad ha podido ser subsanada en el sector privado mediante aumentos de remuneraciones, "pero ello no ha ido a la par para los funcionarios del sector público, existiendo un riesgo de migración de valiosos cuadros profesionales y técnicos hacia el sector privado".

De esta forma, la iniciativa propone otorgar, de manera extraordinaria durante el año 2015, una bonificación especial de un monto trimestral de $240.000 pesos, para los funcionarios públicos de la Región de Atacama.

Las reacciones de los parlamentarios de Atacama

El diputado Lautaro Carmona, Primer Vicepresidente de la Corporación, dijo que se está cumpliendo el compromiso y protocolo firmado "Atacama Nuevo Trato" entre todos los parlamentarios de la Región y los representantes de la Mesa del sector público.

"Se ha dado un paso nuevo, muy importante, el Gobierno ha cumplido con enviar este proyecto de ley, que ingresa con urgencia suma, que permitió su rápido ingreso y aprobación en la Comisión de Hacienda, aprobándose de forma unánime, para que ahora podamos votarlo en la sala de la Cámara de Diputados y despacharlo al Senado para su segundo trámite", afirmó el legislador comunista

El Ejecutivo anuncia en el mensaje que durante el próximo año, el Instituto Nacional de Estadísticas realizará un estudio sobre el costo de una canasta de consumo nacional y sus variaciones entre regiones.

La diputada Yasna Provoste en tanto señaló que “estamos felices con la aprobación de este proyecto”, y agregó que “hoy estamos más cerca que ayer de poder hacer realidad esta bonificación”.

La parlamentaria destacó la labor de los dirigentes de la Mesa del Sector Público y del gobierno por “acoger y escuchar una realidad que se ha venido arrastrando por mucho tiempo en nuestra región, y que en el día de hoy nos permite poder entregar mayor tranquilidad, mejores condiciones laborales y remuneracionales a los funcionarios y funcionarias públicas de nuestra región”.
Por su parte la diputada Daniella Cicardini destacó el despacho de la iniciativa “como un primer y significativo triunfo de los 8 mil funcionarios públicos que serán beneficiados, de sus dirigentes y organizaciones de la región que han luchado para que se reconozcan las desigualdades que sufre Atacama en relación a otras zonas; pero esto también ha sido posible con el convencimiento, unidad y el apoyo de la sociedad atacameña en su conjunto y la voluntad del gobierno regional por sacar adelante esta causa, a la que nos hemos sumado los parlamentarios como garantes del proceso”.
Agregando que “acoge y es el fiel reflejo del protocolo de acuerdo alcanzado en su minuto entre los trabajadores y el gobierno, incluyendo por supuesto la bonificación de 80.000 pesos brutos mensuales y contemplando en este beneficio a funcionarios a contrata y de planta de los distintos servicios e instituciones públicas”.

Fuente: http://www.elobservatodo.cl

La reforma laboral, sus fundamentos y sus detractores

Se ha terminado por anunciar la reforma laboral. Y de inmediato se levanta el coro de que las regulaciones laborales serían “antiempleo”. Pero, ¿cuál es el punto de partida? La OCDE emitió tiempo atrás un juicio bastante lapidario sobre el tema: “Las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de ‘flexiguridad’. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales”. Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “El principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social”.
Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir, el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, o sea, el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos. También la podemos denominar “estabilidad dinámica del empleo”.
El caso es que si la sociedad no desea que los asalariados estén a merced del poder privado en el trabajo y puedan encontrarse abrupta y arbitrariamente sin ingresos al perder el empleo, deben intervenir políticas públicas concretas para evitarlo. En particular, los dueños de las empresas no deben poder hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de explotación y dominación sobre los trabajadores y en perjuicios a terceros por daños ambientales y urbanos o engaños a los consumidores. Se puede entender que el empresario aspire a tener todas las cartas en la mano para desarrollar su actividad económica, con irrestricta “flexibilidad laboral”, dado que tiene como motivación la maximización de utilidades, pero ésta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación moderna de la empresa: la política laboral tiene universalmente el propósito de disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas, a las que éstas deben adaptarse. También debe regularse el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. Y la empresa debe asumir el costo económico razonable que resulte de reconocer los intereses de contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio.
El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro– de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir, el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y, por tanto, no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política; étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.
En muchos países, los ámbitos de la seguridad social (enfermedad, jubilación, incapacidad laboral, desempleo) se regulan mediante leyes, así como los estándares básicos de las relaciones laborales descritos, mientras las condiciones laborales y salariales más inmediatas, así como también aspectos de la formación profesional, las regula exclusivamente la negociación colectiva… para lo cual es necesario que exista, lo que apenas es el caso en Chile. Consignemos que en Alemania, país que a veces le gusta citar a la derecha como ejemplo, pero nunca en los temas laborales, existe lo que un autor denomina “un denso entramado de contactos, conversaciones y colaboración formal e informal entre los agentes sociales en numerosos campos”. Eso es lo que debe construirse en Chile.
Los economistas de derecha consideran que este tipo de reglas y prácticas son antieconómicas. Pero incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica y que “atentaba contra el empleo”.
En todo caso las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Lo que, según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales es la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión de que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.
Existen buenos  y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno, son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades. La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.
La reforma laboral propuesta por el gobierno camina hacia un mayor equilibrio negociador, pero probablemente quedará mucho camino para alcanzar lo esencial: la negociación generalizada más allá de la empresa, que es la única manera de proteger al trabajador más precario, especialmente en la pyme. Estas son prácticas, por lo demás, existentes en Chile, como en el sector de panaderías, para satisfacción de las partes. Y han sido introducidas en Uruguay por el Frente Amplio, incluso con un mecanismo de arbitraje final del gobierno, lo que no ha impedido a ese país ser de los más dinámicos de América Latina.
El proyecto avanza en este sentido al reconocer el derecho del sindicato interempresa a negociar en la firma en que tenga un número de afiliados equivalentes al que se exige al sindicato de empresa para negociar en ella. Se prohíbe además la existencia de grupos negociadores en aquellas empresas con sindicato, que será el titular de la negociación colectiva, en todo caso con libre afiliación. Los beneficios adquiridos en la negociación colectiva se otorgarán a los trabajadores sindicalizados y se extenderán a los trabajadores que se afilien con posterioridad. Los no sindicalizados podrán acceder al nuevo contrato, de manera parcial o total, sólo previo acuerdo del sindicato y del empleador. Para acceder a los beneficios, el trabajador sin afiliación sindical deberá aceptar y pagar la proporción o totalidad de la cuota sindical. Todo esto redundará en un rol de representación que hoy el sindicato no puede cumplir, con frecuencia sujeto a prácticas de minimización de la afiliación por parte del empleador.
Para que el sindicato conozca la viabilidad y contexto económico de sus peticiones, el empleador deberá proporcionar a sus sindicatos información sobre balances de la empresa y estados financieros y precisar los beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente, así como transparentar y actualizar la planilla innominada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación y costos globales de la mano de obra (número de trabajadores totales de la empresa) y las políticas de inversión futura. También deberá proveer datos sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. El incumplimiento de la obligación constituirá una práctica antisindical, así como los despidos que invoquen la cláusula por “necesidades de la empresa”, pero que sean represalias por participar en un proceso de negociación colectiva. Como contrapartida, también se sancionará a los trabajadores que bloqueen el ingreso a los lugares de producción. La respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no podrá contener estipulaciones menores a un piso de la negociación constituido por el contrato colectivo vigente, aunque con bastantes morigeraciones: se excluyen de este piso la reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de negociación, mientras después de presentada la respuesta del empleador las partes podrán negociar modificaciones al piso de la negociación. Se elimina la actual prohibición de negociar a trabajadores aprendices –en grandes empresas–, por obra o faena transitoria y cargos de confianza.
Las partes podrán negociar pactos de condiciones especiales de trabajo (jornada de trabajo y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva, regulación y retribución de tiempos no trabajados) en las empresas en que exista una afiliación sindical de al menos 30%, con cifras más altas en etapas iniciales. Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de adaptabilidad. Los pactos sólo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo. Para aplicarlo a los demás, se requerirá del acuerdo individual, con aprobación de la Dirección del Trabajo. Aunque si es aceptado por el 50% más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá regir a todos los que no concurrieron al acuerdo, sin necesidad de aprobación de la autoridad. Veremos si la negociación colectiva sobre estas materias, que se sustraen de la ley, son objeto de auténticos acuerdos equilibrados negociados con sindicatos representativos, o bien se constituirán en una brecha de disminución de derechos…
La iniciativa elimina, por otro lado, la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa. Propone un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir la huelga, estableciendo el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. También incorpora un procedimiento de arbitraje obligatorio para los trabajadores de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las de menor tamaño. Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los servicios mínimos que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la empresa o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. La prestación de los servicios mínimos se realizará a través de uno o más “equipos de emergencia” dispuestos por los trabajadores. A falta de consenso, resolverá la Inspección del Trabajo.
Es también importante el fortalecimiento previsto de la mediación, estableciendo que las partes tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo o bien obligatoria una vez votada una huelga y a petición de cualquiera de las partes o forzada en los casos de incumplimiento del principio de buena fe. Habrá arbitraje voluntario, obligatorio y forzado. Los acuerdos deberán ser registrados por el empleador en la Inspección del Trabajo, que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.

Como se observa, se trata de un cambio de gran magnitud, que aspira a transformar positivamente la cultura de las relaciones laborales en Chile. Para eso deberá evolucionar la disposición de los interlocutores sociales para obtener acuerdos que protejan los intereses de las partes o al menos una resolución más civilizada de los conflictos y, con el tiempo, prácticas más extendidas de cooperación no subordinada en la empresa que favorecerá la innovación y la prosperidad compartida. Y también importará un gran desafío para la Dirección del Trabajo, con los nuevos roles que el proyecto de ley plantea otorgarle, lo que también supondrá una gran transformación de ese organismo para llegar a ser un regulador de las relaciones laborales y no sólo un fiscalizador de normas, en el contexto de organizaciones vivas y dinámicas como son, o deben ser, las empresas en la economía moderna.


Fuente: http://www.elmostrador.cl/