Las acciones de la Ministra Merino en FASA

La necesidad de que las principales autoridades políticas del país presenten una declaración de intereses fue instaurada el año 2005 por la Ley 20.088, para que los ciudadanos podamos conocer cuáles son sus potenciales conflictos de interés, lo que está íntimamente ligado a las responsabilidades y funciones de cada cargo.

En ese sentido, resulta sorprendente descubrir que la actual ministra del Trabajo, Camila Merino, es propietaria de acciones de Farmacias Ahumada avaluadas en $21 millones de pesos (ver página 7 declaración de intereses). En medio de una prolongada y compleja huelga de los trabajadores de la empresa, que se depuso el sábado pasado, y en la que se ha denunciado incluso la existencia de sueldos base inferiores al mínimo, cuando desde 2008 existe una ley que explícitamente apuntaba a regular estos excesos, la imparcialidad de una autoridad pública relacionada directamente con esta materia queda en entredicho.

¿Puede una ministra, a la que los diputados han denunciado las irregularidades –siguiendo el conducto regular- ser imparcial si es accionista de la empresa denunciada?

Primero, porque la institucionalidad que ella representa –el Ministerio del Trabajo y, sobretodo, la Dirección del Trabajo- juegan un rol crucial en la intermediación y búsqueda de soluciones en conflictos laborales. Él o la Ministro/a del Trabajo ha jugado un rol tradicional en Chile de acercar posiciones en estos casos. Recuérdese, por ejemplo, la intermediación del ministro Osvaldo Andrade para resolver la huelga de hambre de las dirigentes sindicales de Falabella Pro hace algunos años o el conflicto forestal en Curanilahue en que fue abatido el operario forestal Rodrigo Cisternas.

¿Puede una ministra, a la que los diputados han denunciado las irregularidades –siguiendo el conducto regular- ser imparcial si es accionista de la empresa denunciada?

Segundo, porque este caso ilustra de forma clara como no sólo existen conflictos de interés evidentes al comenzar a ocupar un cargo público, sino que en el desempeño del mismo aparecen otros que permanecían latentes. La Ministra no podía prever en marzo de este año que Farmacias Ahumada tendría una huelga, pero sí que su función pública incluye decisiones que podrían afectar esos intereses. En nuestra ética pública debiera bastar con esa posibilidad para que las autoridades decidan entre su interés público o su interés privado. Así como un ministro de Educación no puede tener intereses en colegios o un ministro de Salud en clínicas, resulta del todo lógico que la Ministra del Trabajo no tenga intereses en empresas.

Por último, que nadie llame a escándalo. En años anteriores también observamos diferentes casos de autoridades que, en medio del ejercicio de sus cargos se veían involucrados en conflictos de intereses en los que no siempre era su propia responsabilidad (como el recordado caso del hijo del ex Ministro de Educación Sergio Bitar, que no había cancelado un crédito público para sus estudios de postgrado). Por eso, lo que el país requiere es avanzar hacia una mayor transparencia, regulación y sanción de los conflictos de intereses, así como minimizar las potenciales presiones indebidas a las autoridades.