170 mil es la estimación de funcionarios a honorarios en las municipalidades.
"Tiembla el Estado". Esa fue la
reacción de varios dirigentes sindicales luego de digerir el dictamen
del pasado 1 de abril de la Corte Suprema, que determinó que una persona
que trabajó a honorarios durante cuatro años para la Municipalidad de
Santiago y fue despedida, tuvo una relación laboral con esa alcaldía y,
por tanto, se le debía pagar todo lo que se le adeudaba como si hubiera
estado contratada.
Así, la cuarta sala del máximo tribunal
reconoció una relación laboral entre este trabajador y el municipio, al
alero del Código Laboral. También sentó jurisprudencia en una materia
que podría tener al alto impacto fiscal, porque serviría como argumento
para que todos los empleados que cumplen tareas permanentes y boletean
en los servicios públicos y municipalidades reclamaran beneficios.
"El
fallo lo vemos como un verdadero avance. Nos sorprende mucho porque
anteriormente la unificación de jurisprudencia había sido a favor del
Estado, entonces aún no sabemos si esto va a ser un nuevo lineamiento o
algo pasajero. Llama la atención y es un aliciente para la lucha de
nuestra causa justa", dice Pablo Tapia, vocero de la Unión Nacional de
Trabajadores a Honorarios del Sector Público, entidad gremial que nació
recién en diciembre de 2014 y que señaló hoy agrupa a más de 100 mil
personas a nivel país.
El dirigente explicó que el nuevo
referente sindical agrupa a empleados del sector centralizado y
descentralizado de la administración pública. Su objetivo es la creación
de una nueva política de contratación de trabajadores a honorarios del
Estado, reconociéndoles el estatus de funcionarios públicos.
Actualmente,
el gremio tiene instalada una mesa de negociación con el Ministerio del
Trabajo, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, para acordar
una nueva gradualidad en los plazos de cotización obligatoria de los
independientes a las AFP.
Tapia adelanta que hoy en la tarde se
reúnen con el subsecretario Marcos Barraza, donde además del tema
previsional plantearan la revisión de la contratación de los honorarios
en el sector estatal.
"A priori nuestra idea principal es
sentarnos con la autoridad a negociar, el fallo es una llamada de alerta
para el gobierno y nosotros estamos dispuestos a ampliar las mesas de
trabajo que hemos tenido", dijo Tapia.
Añadió que "lo fundamental
es que el gobierno instaure una mesa de trabajo formal, estable, en la
cual proyectemos el cambio contractual, las medidas de traspaso y que
los que sigan siendo honorarios tengan derechos y no sigan precarizados.
Hay gente que lleva 20 años de servicio en esta calidad. Estamos
esperando la reacción, que sinceramente ha sido bastante lenta por parte
de Hacienda".
En ese plano, el dirigente señaló que ya
solicitaron una reunión con el subsecretario de Hacienda, Alejandro
Micco, para abordar la situación de los honorarios, pero aún no han
tenido respuesta. También informó que el 16 de mayo tendrán un congreso
nacional para ver con las bases "si vamos a volver a salir a la calle o
si presentaremos una demanda masiva contra el Estado".
Honorarios en cifrasEn el último informe
sobre estadísticas de recursos humanos del sector público de la
Direccción de Presupuestos, se informó que en el gobierno central
(ministerios y servicios) existen 36.850 trabajadores a honorarios, de
los cuales el 24% cumple labores calificadas como permanentes.
El
presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, señaló que este año 1.480
trabajadores a honorarios pasarán a planta, y en los próximos tres años
existe el compromiso de Hacienda de pasar a 8.800 más a contrata en la
administración central.
"El fallo de la Suprema da un espaldarazo
a nuestras demandas, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor para
que no exista más informalidad", dijo De la Puente.
En las
muncipalidades no hay cifras oficiales, pero de acuerdo a las
estimaciones el número de funcionarios a honorarios superaría los 170
mil. La cifra englobaría tanto a aquellos que cumplen labores
permanentes y exclusivas como a los que prestan servicios bajo régimen
civil.
